La abolición de la pena de muerte en Chile

 

 

 

 

El respeto y protección del derecho a la vida son fundamentales para la preservación de la existencia de la humanidad. Este derecho es esencial para el goce y ejercicio de todos los derechos humanos. Por ello, es necesario promover la eliminación de todas las limitaciones a este derecho, en particular mediante la abolición de la pena de muerte o “pena capital”.
Una perspectiva global sobre la materia permite apreciar que las decisiones políticas y las normas nacionales e internacionales reflejan una tendencia cada vez mayor para alcanzar la defensa plena del derecho a la vida. Así por ejemplo, en Europa sólo seis Estados que no son miembros del Consejo de Europa aplican la pena de muerte - Rusia, Ucrania, Georgia, Polonia, Albania y Turquía -. En América, ya son ocho países los que han suscrito el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, entre ellos se encuentran Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela.


En este contexto, Chile se ha convertido en el país 109 del mundo en abolir la pena de muerte, substituyéndola por la pena de presidio perpetuo. La pena de muerte existía en Chile desde hace 112 años, y durante todo ese período de tiempo, 57 personas fueron condenadas por los tribunales de justicia chilenos a la pena capital. De los 57 condenados, 29 cometieron el delito de robo con homicidio; 24 fueron condenados por homicidio calificado; una persona cometió asalto con homicidio; uno por homicidio con incendio; y, tres perpetraron homicidio con violación. El 29 de enero de 1985 fue la última vez que se aplicó en Chile la pena de muerte, cuando se fusiló en la Cárcel de Quillota a Carlos Top Collins y a Jorge Sagredo.
Sin embargo, la lucha a favor de la abolición de esta pena cruel no ha sido fácil. Conviene recordar que el 11 de marzo de 1990, a través del Mensaje N°3, el Presidente de Chile, señor Patricio Aylwin, presentó un proyecto de ley que pretendía eliminar la pena de muerte de la legislación chilena. Este proyecto tenía como objetivo la modificación del Código de Justicia Militar y del Código Penal. El proyecto citado se sustentaba en el hecho de que la Constitución chilena, en su artículo 19°, inciso 1, consagra el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, como uno de los derechos fundamentales de toda persona, motivo por el cual era necesario abolir la pena de muerte, ya que su vigencia representaba una incoherencia entre el espíritu y la letra del ordenamiento jurídico chileno.

 

 

Posteriormente, el Senador Juan Hamilton originó una moción, en la cual argumentó que el ordenamiento jurídico chileno es claramente partidario del derecho a la vida, y recogió los preceptos del Papa Juan Pablo II, quien en su encíclica "Evangelium Vitae" afirma que la abolición de la pena de muerte se enmarca en la óptica de una justicia penal de mayor concordancia con la dignidad del hombre. De igual manera, alegó que los fines retributivos, rehabilitadores y ejemplificadores de las penas, podían alcanzarse más adecuadamente substituyendo la pena de muerte por la del presidio perpetuo.
Finalmente, en abril del 2001, ambas cámaras del Congreso aprobaron el texto propuesto por el senador Hamilton, que deroga la pena de muerte, quedando establecido que:

  • Se prohíbe favorecer a los condenados a presidio perpetuo durante el lapso de 40 años con beneficios penitenciarios que signifiquen su libertad, aunque sea transitoria, y con leyes que concedan amnistías o indultos generales.
  • Los condenados a presidio perpetuo calificado sólo podrán ser sujetos de indultos particulares por razones de Estado o por el padecimiento de un estado de salud grave e irrecuperable, que importe inminente riesgo de muerte o inutilidad física de tal magnitud que le impida valerse por sí mismo.
  • El proyecto establece, además, que la pena de muerte sólo se mantiene en los casos sancionados por los tribunales militares en tiempos de guerra.
  • Transcurridos 40 años, será el pleno de la Corte Suprema el que, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, se pronunciará sobre la concesión o revocación de la libertad condicional del condenado a presidio perpetuo calificado.

Si la solicitud de libertad condicional es rechazada por la Corte Suprema, el condenado sólo:

  • podrá volver a pedir este beneficio, luego de dos años de la fecha de presentación de esta solicitud.
  • El proyecto de ley sólo mantiene la pena de muerte, en los casos sancionados por los tribunales militares en tiempos de guerra.

La iniciativa aprobada por el Legislativo se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional, luego de la cual procederá su promulgación y su entrada en vigencia. A partir de este momento los crímenes de suma gravedad serán sancionados con penas privativas de la libertad de carácter perpetuo. Las personas condenadas a prisión perpetua solo podrán solicitar un indulto luego de 40 años de cumplimiento de la condena impuesta. Actualmente, dos delincuentes implicados en delitos graves enfrentan la pena de muerte. Tres están procesados por la violación y homicidio de menores de edad, cuyos familiares solicitan la aplicación de la pena capital. El primero de ellos, Luis Jerson Carrasco Mardones, de 39 años, fue condenado a la pena capital por la violación y homicidio de la menor de 15 años, Sonia Neira Gómez, registrado el 24 de marzo de 1999. Carrasco, apodado "El Atila", fue condenado por el titular del Juzgado del Crimen de Yumbel, Julio Capilla, por el crimen cometido en la localidad de Charrúa, en la Octava Región y ahora está en la espera de lo que determine la Corte de Apelaciones. Otro caso se refiere al colombiano Hugo Gómez Padua, a raíz de la muerte de la niña Camila López, de 10 años, violada y asesinada en la localidad de Santa Cruz en enero de 1999. La Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la sentencia y la resolvió bajar a presidio perpetuo. Ahora la Corte Suprema deberá dictaminar al respecto. Con esta derogación, se podría favorecer además a Arturo Rivero Retamal, procesado por la violación y homicidio de un niño de trece años cometido el año pasado en Parral; y Jesús Muñoz y Angelo Luengo, ambos encausados por la violación y homicidio de una niña de un año ocho meses en Gultro, IV Región. En ambas causas, los representantes de las familias piden pena de muerte.

La derogación de la pena de muerte ha suscitado diversas opiniones en el ambiente político chileno. Quienes defienden la pena de muerte suelen argumentar que es una medida necesaria para combatir los altos índices de criminalidad. Sin embargo, resulta paradójico que durante los últimos años en los países donde se aplica la pena de muerte los índices de criminalidad hayan registrado un incremento preocupante y un descenso alentador en lugares donde se prohibe esta pena. Así por ejemplo, en los Estados Unidos durante los últimos 20 años el índice de homicidio en los Estados que aplican esta pena se ha incrementado. Esta situación refleja que este tipo de pena no tiene efectos disuasivos y además representa la negación absoluta de toda posibilidad de rehabilitación y resocialización del delincuente. Es sin duda una pena riesgosa e irreversible que no alivia el sufrimiento de las víctimas directas o indirectas del crimen.
Por otro lado, los argumentos a favor de la abolición se fundamentan en la defensa absoluta del derecho a la vida. Estas posturas sostienen que la lucha contra la criminalidad exige mecanismos estructurales que conllevan acciones preventivas. Entre dichas acciones se encuentran el control policial, la investigación eficaz y la sanción eficaz de los culpables.

A modo de reflexión es posible afirmar que resulta cuestionable la legitimidad de la aplicación de la pena de muerte frente al respeto de la dignidad y el principio de igualdad de los seres humanos. Por ello es necesario tener en consideración que la validez del principio de la universalidad de los derechos humanos si bien reconoce las particularidades nacionales y regionales, así como los diversos antecedentes históricos, culturales y religiosos, los Estados, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, tienen el deber de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es fundamental que la comunidad internacional intensifique sus esfuerzos a fin de lograr la ratificación y cumplimiento efectivo de los instrumentos internacionales de derechos humanos. En esta línea, la decisión del Poder Legislativo chileno facilita el camino para que en el corto plazo Chile se convierta en Estado parte de los instrumentos internacionales que establecen la abolición de la pena de muerte.

 

extraido de : http://www.cajpe.org.pe/informa/abril2001/informa2.htm

 


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daniel

“A Daniel no lo mataron por ser gay.”

“Una verdad dolorosa e incómoda,

pero es una verdad.”

Rodrigo Fluxá “Solos en la noche”

Periodista del Mercurio

 

 

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