“Pocas veces fue tan evidente la deuda del Estado chileno
en materia de matrimonio igualitario” dicen ministros Muñoz o Dahm
La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y el Estado está para protegerla, dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Pocos días atrás, la Corte Suprema emitió un informe sobre del proyecto de ley de Identidad de Género, que se tramita en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Al comentar el inciso quinto del artículo 10 de dicho proyecto de ley, que establece como causal de disolución del matrimonio el hecho que uno de los cónyuges cambie de sexo y de nombre, el presidente don Sergio Muñoz y el juez Jorge Dahm señalan en el punto decimocuarto del informe, que: "pocas veces fue tan evidente la deuda del Estado chileno en materia de matrimonio igualitario". Esta declaración que aparece en el informe, necesitamos responderla en los siguientes términos: “La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad, y tiene derecho a la protección por parte de la sociedad y el Estado”.
El matrimonio igualitario acaba de ser confrontado con el matrimonio tradicional y normal en las sesiones vigésima octava y vigésimo novena del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrada esta última, entre el 15 de junio y el 3 de julio recién pasado. En esta sesión fue emitida la Resolución L-25 denominada "Protección de la Familia", y en ella se recuerda que la familia tradicional y normal está en la esencia del derecho internacional de los Derechos Humanos, y que los Estados y la sociedad tienen el deber de proteger y fortalecer. Hubo 14 países que promovieron el matrimonio igualitario, pero hubieron 29 países que apoyaron el matrimonio tradicional y normal.
La Resolución L-25 exhorta a los Estados a que: Formulen políticas pro-familia para respaldo de la familia y asesoren dichas políticas y programas para su impacto de bienestar en la familia. Implementen y promuevan políticas sensitivas a la familia en el campo de la habitación, trabajo, salud, seguridad social y educación para crear un medio ambiente de apoyo a la familia. Aborden las causas y mitiguen las consecuencias de la desintegración familiar. Garanticen asistencia a las familias en situaciones de dificultad. Reconozcan a la familia como colaboradora en el desarrollo sustentable.
En esta misma Sesión el Consejo de Derechos Humanos, animó a los Estados a que otorguen la debida consideración al papel y estatus de la familia en el contexto de las continuas negociaciones de la agenda de desarrollo pos-2015, e invita a los Estados a considerar la transversalidad de la promoción de políticas orientadas a la familia como un asunto que afecta a múltiples áreas en las metas y objetivos propuestos de la agenda pos-2015. Recuerda a los Estados acerca de sus obligaciones a través de relevantes disposiciones de la ley de derechos humanos internacionales para proveer de protección y apoyo a la familia. Finalmente el Consejo pidió al Alto Comisionado que prepare un informe que señale si los Estados están cumpliendo sus obligaciones, en virtud de las disposiciones pertinentes del derecho internacional, sobre los derechos humanos, en relación con la protección de la familia.
A la luz del derecho internacional y de los derechos humanos, el Estado de Chile tiene una sola deuda, proteger y fortalecer a la familia, todo lo que haga en contrario, constituye una violación de los derechos humanos que será señalada en el Informe que prepara el Alto Comisionado.
